ANF, La Paz La empresa de agua de Villazón se favoreció con la condonación de la deuda de proyectos de saneamiento básico. El Gobierno aprobó, ayer, el Decreto Supremo 350 que establece una condonación de los intereses penales de siete empresas encargadas de la dotación de agua potable y saneamiento básico en varios municipios por deudas suscritas con el Banco Interamericano de Desarrollo que asciende a 2 millones de dólares.
Esa información fue proporcionada por el ministro de Servicios Básicos y Agua, René Orellana, quien explicó que este Decreto favorece a municipios que tienen deudas "muy graves", debido a las políticas de créditos con altas tasas de interés contraídas con el objetivo de dotar de agua potable a sus regiones. "Este decreto ha condonado los intereses penales que ascienden a cerca de 2 millones de dólares, no los intereses corrientes. Se ha visto el caso de siete entidades de agua que están en situación financiera muy grave por las políticas crediticias anteriores al gobierno y que alcanza un monto superior a los 15 millones de dólares adeudados, por estas empresas de agua a los gobiernos municipales", dijo Orellana, en rueda de prensa ofrecida en Palacio Quemado. Las entidades de agua beneficiadas en esta primera etapa son: La Cooperativa de Agua Montero (Santa cruz); Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba (Semapa); Villazón, Yapacaní, Riberalta y Concepción. El Decreto Supremo El Decreto Supremo 350 establece la posibilidad de que estas ocho empresas de agua potable y gobiernos municipales que están en el marco de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo castigadas con altas tasas de interés, puedan reprogramar sus créditos hasta un plazo de 25 años y disminuir las tasas de interés que están en el orden del 6 por ciento hasta un 3.5 por ciento; además de acceder a mayores facilidades financieras que les permita una "salud económica" y les facilite las inversiones en el rubro de agua potable. "En el caso de Montero es muy grave la Cooperativa tiene un interés penal de $US 1.4 millones y tiene su economía asfixiada", advirtió el ministro Orellana.
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